En absoluto. Llevo años diciendo que el PP siente más odio hacia los militares que el PSOE. Con el PP en el Gobierno, los militares hemos sufrido los mayores ataques y las peores leyes. No ha habido un ministro peor para el Ejército que Federico Trillo. Sus leyes inmorales han causado un daño casi irreparable a la institución militar. Si repasa usted las hemerotecas encontrará continuos ejemplos que certifican el desprecio que los dirigentes del PP han sentido siempre hacia el estamento militar.

Por supuesto. Tendrían que matarme para que no lo hiciera. El señor Morenés no tiene cojones de hacerme callar y evitar que siga dando mis opiniones sobre el estado de nuestra patria. Los militares tenemos algo que la mayoría de los políticos de la casta desconocen: patriotismo y honor. Ese patriotismo y ese honor nos impele a actuar siempre bajo la exigencia del sentido del deber. Y el deber de los militares es alertar de la situación agónica que vive nuestra patria. Si, según la Constitución, somos los garantes de su unidad y de su seguridad, ¿por qué se pretende que callemos cuando se está poniendo en serio peligro tanto la unidad de la patria como la seguridad de los españoles? Eso es tan inverosímil como si se pretendiera que un médico no opinara sobre la salud de su paciente moribundo.

-¿Qué opinión tiene de Pedro Morenés, ministro de Defensa?
Es un vividor. No merece que le dedique más tiempo.

De entrada una regeneración moral de la clase política. Cuando se presenta el curriculum de algún nuevo cargo público, se dice que estuvo en tal sitio y que estudió en esa otra universidad. Pero nunca nos dicen si ese cargo público tiene sentido del honor o si se trata de una persona decente. Es por eso que muchos políticos no tragan a los militares: representamos esos valores que ellos no han tenido ni tendrán nunca.

El honor, el sentido recto del deber, la disciplina moral, la austeridad, el amor a España y el valor del sacrificio, aún en las circunstancias más adversas. Salvo deshonrosas excepciones, somos aún la conciencia limpia que no han podido torcer.

En efecto. se puede ofender a Dios, se puede insultar a España, quemar su bandera, silbar su himno, denigrar a los héroes. Cualquier imán en cualquier mezquita puede defender las leyes islámicas. Cualquier artista puede denigrar las imágenes sagradas. Cualquier etarra puede dar su opinión en los periódicos… Todos tienen derecho a expresarse… menos los militares. Imagine qué ocurriría si el Gobierno amenazara con sancionar a los representantes del colectivo gay que insultasen a la Iglesia, una institución en la que se ven representados millones de españoles. Se armaría la de San Quintín. En cambio se nos pide a nosotros que nos callemos y nadie sale al paso.

En absoluto. Han tenido engañada a mucha gente durante años, pero no se puede engañar siempre a todo el mundo. Cualquier comparación con el régimen de Franco dejaría muy mal parada a esta casta política. Aquella gente sí que hacía las cosas por el interés y el bien de todos. La altura moral de aquellos ministros convierte a los de ahora en enanos. Gracias a la fortaleza de esa clase media que se creó durante el franquismo, España ha tenido tranquilidad social todos estos años. Eso ya se está acabando, y por desgracia no tenemos a otro estadista como Franco para que nos eche una mano.

Luego está la hipocresía de querer enterrar la memoria de Franco, pero no su gigantesca obra. Se destrozan las estatuas de antes, pero se conservan los paradores de turismo. Se quita el nombre a las calles de los franquistas, pero no sus frutos en forma de industrias, pagas extraordinarias, seguridad social, pantanos, universidades populares, trenes, aeropuertos, autopistas, puertos pesqueros, altos hornos y, sobre todo, una gran clase media que nunca antes había existido. Esta farsa ya se les está acabando. Por eso temen tanto las opiniones de quienes representan aún la conciencia moral y patriótica de aquella maravillosa época que dio paz, desarrollo económico y fortaleza moral a los españoles

(24 julio 2012) 

En septiembre de 1936, el abogado Gregorio Peces-Barba del Brío denunció a uno de sus vecinos, teniente de la Guardia Civil, por ser una persona desafecta a la República. Aquel teniente fue detenido y trasladado a la checa de Atocha, de donde salió para ser asesinado en las matanzas de Paracuellos.

El 13 de enero de 1938, el abogado Peces-Barba, ya capitán auditor del Ejército y fiscal, celebró el nacimiento de su hijo Gregorio y prosiguió con la instrucción del caso de la desaparición del líder del POUM y antiguo secretario general de la CNT, el trotskista Andrés Nin, asesinado por los comunistas. Como quedó confirmado por los testimonios de varios altos cargos republicanos tras terminar la guerra, Peces-Barba puso un especial empeño en marear el proceso para acallar la campaña de indignación levantada tras la desaparición de Nin.

En septiembre de 1941, Peces-Barba del Brío fue condenado a muerte, pena conmutada en diciembre por la de cárcel. En 1944 fue trasladado a las obras de construcción del Valle de los Caídos. Junto a él fueron “a ese lugar edificado con la sangre de los presos” (Santiago Carrillo dixit), su mujer y el pequeño Gregorio, que vivieron como invitados en la casa de uno de los jefes de la obra mientras Peces-Barba trabajaba en las oficinas moviendo papeles. Cuatro meses después, fue puesto en libertad condicional y el abogado se reintegró a la vida civil.

En ese régimen “genocida político y también cultural, de destrucción de las élites que proporcionaban en la izquierda inspiración cultural y cohesión social” (Antonio Elorza en El País), el excondenado a muerte fue readmitido en el Colegio de Abogados y llegó a ser secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Derecho y articulista habitual en las páginas de la Hoja del Lunes.

El pequeño Gregorio también sufrió 'el exterminio político y cultural de su padre' y tuvo que conformarse con estudiar en el Liceo francés junto a, entre otros, Simeón de Bulgaria o Miguel Boyer, bajo la tutela de parte de los mejores profesores de la época (muchos de la Institución Libre de Enseñanza) en la calle Marqués de la Ensenada, donde está ahora el Consejo General del Poder Judicial, a tiro de piedra del mejor Madrid cultural de aquella época.

Con esos antecedentes de penuria y humillación permanente, en 1957 Gregorio Peces-Barba entró en la Universidad Central. Tras su licenciatura en Derecho comenzó a trabajar como profesor ayudante de la asignatura de Derecho Natural y se colegió como abogado en 1962. Fue la Filosofía del Derecho la que le acercó a la órbita del catedrático de referencia en aquellos años: el católico Joaquín Ruiz Giménez, exministro de Educación, y, en 1961, consejero nacional del Movimiento.

Ruiz Giménez, también conocido en aquellos años como “Sor Intrépida”, llevó del talle a su joven fámulo por el tortuoso camino del liberal-catolicismo, luego reconocido como cristianismo progresista. Esa fue la base teórica que animó a Peces Barba a incorporarse al grupo llamado Unión Demócrata Cristiana y a cofundar en 1963, junto al maestro Ruiz Giménez, la revista Cuadernos para el Diálogo que se convertiría en una cantera de políticos como Pedro Altares (El Sol – PSOE),Ignacio Camuñas (UCD y luego PDP), Elías Díaz (PSOE, sector guerrista) o Javier Rupérez (UCD, PDP y PP).

En aquel momento, Peces-Barba se movía con soltura en los círculos de lo que se podría llamar “la oposición orgánica”, a varios miles de años luz del antifranquismo militante del Partido Comunista.
En esa década, y entre algún arresto menor, Gregorio Peces-Barba sacó la plaza de profesor numerario en la Universidad Complutense y preparó su tesis (bajo la dirección de Sor Intrépida) sobre la obra política del filósofo católico y francés Jacques Maritain. Este ex judío fue el gran postulador de la separación entre Iglesia y Estado dentro de lo que se llamaría un “catolicismo laicista”, una contradicción que el propio Maritain trataría de remediar en los últimos años de su vida al contemplar ciertas desviaciones del Concilio Vaticano II. Pero el mal laicista y anticlerical ya corría por las venas de Peces-Barba.

En 1972, el todavía joven profesor se une al PSOE. Muy atrás deja a Ruiz-Giménez, a los Cuadernos para el Diálogo, y se exhibe como el hombre que trae el positivismo corregido de Norberto Bobbio al proceso aperturista que se vislumbra.

Este “positivismo corregido”, que es un iuspositivismo (en esencia es la separación entre moral y Derecho pues para justificar las leyes, incluso las injustas, debe bastar la voluntad del legislador) rebajado, será la bandera de combate de las posiciones ideológicas del expresidente Rodríguez Zapatero. Pero para eso harían falta todavía casi tres décadas. De momento, Peces-Barba sigue escalando posiciones dentro del socialismo madrileño y el 15 de junio de 1977, en las elecciones constituyentes tras la muerte de Franco, fue elegido diputado del PSOE por Valladolid. Tras largas charlas que comienzan en Suresnes, Felipe González le encarga la responsabilidad de ser el ponente socialista en la elaboración de la nueva Constitución.

En principio, UCD quería una ponencia de cinco miembros, tres centristas (del Movimiento) y dos del PSOE (la leal oposición). Sin embargo, se pensó y se llegó a la convicción de que era imprescindible dar entrada a comunistas y nacionalistas. El PSOE cedió un puesto en la comisión que UCD forzó a elevar a siete miembros, lo que daba entrada a Manuel Fraga. Y aquí es donde, ya con la perspectiva del tiempo, la figura del padre de la Constitución, que es la etiqueta de la que ha vivido el profesor Peces-Barba durante todo este tiempo, comienza a resquebrajarse.

“Todos los ponentes hicieron un notable esfuerzo de moderación”. La frase anterior, incorporada al imaginario de la Transición, no es correcta. No todos fueron moderados. Sí lo fueron los de la UCD (Cisneros, Pérez Llorca y Herrero de Miñón). Sí lo fue el de la minoría catalana (Roca) y, sorpresa, el comunista (Solé Tura). No lo fue Fraga (quien bandeó entre consensos para acabar votando la Constitución en penúltima instancia) y desde luego no lo fue Peces-Barba, que buscó hinchar los principios constitucionales, lo que se llama la parte dogmática, hasta límites abusivos. En esa hinchazón hay que ir a buscar buena parte de la responsabilidad del patente guirigay interpretativo en el que se mueve la Constitución.

Otros padres de la patria como Herrero de Miñón o Cisneros acusarían más tarde a Peces-Barba (o al PSOE) de querer acaparar el protagonismo de aquella ponencia aplicando una política de tensión continua, intransigente y sectaria, ante la moderación de las posiciones comunista y nacionalista.
Para varios estudiosos del constitucionalismo español, Peces-Barba buscó un protagonismo que le llevaría a posiciones radicales. Por decirlo con más claridad y según el buen criterio de los ucedistas: fue el consenso de centristas, comunistas y nacionalistas (5 de 7) lo que sacó adelante los trabajos de la ponencia, no la actuación de Peces-Barba, cuya intransigencia ha sido a la postre una rémora para la democracia española.

Pero el momento estelar de la actuación de Peces-Barba tuvo lugar cuando se discutió el artículo 27 sobre el derecho a la Educación, la madre del cordero ideológico incluso en tiempos republicanos, cuando las leyes frentepopulistas impidieron el ejercicio de la libre enseñanza a los colegios religiosos, lo que está en el núcleo de muchas desgracias posteriores.

De vuelta a los trabajos constituyentes y de vuelta al artículo 27, el PSOE (o sea: Peces-Barba, el discípulo de Maritain y Bobbio), abandonó la Ponencia. Y por abandonar debe entenderse que se marchó, que tomó las de Villadiego... todo con tal de no perder el protagonismo en los medios y todo con tal de teatralizar el desprecio socialista al reconocimiento de la Constitución a la libertad de los centros o al derecho indelegable que asiste a los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus propios hijos de acuerdo a sus propias convicciones.

Sin embargo, Peces-Barba ha llegado a escribir que abandonó la Ponencia porque la actitud de Fraga, que cambió su actuación y pasó a apoyar casi en bloque las posiciones de UCD, había roto “el consenso originariamente alcanzado”. Es decir, que el consenso, o era a favor del PSOE o no lo era.
Y no podía serlo cuando el PSOE dio la orden de atacar, incluso con un recurso de inconstitucionalidad, la primera Ley Orgánica que sacó la UCD sobre Educación: la que regulaba el estatuto de los centros escolares. Para los socialistas, dirigidos por Peces-Barba y Maravall, la UCD pretendía asegurar el derecho a que los centros tuvieran un ideario propio que no podía ser fiscalizado por el Estado.

Aprobado al fin el artículo 27 sin el PSOE, y después de completar otros trabajos menores, Gregorio Peces-Barba regresa a la Ponencia, pero sólo para firmarla. Es un padre de la Constitución, sí; pero algo menos, aunque con vitola.

Pero todos sus trabajos, los consensuados y los frentistas, tuvieron su recompensa. A principios de noviembre de 1982, fue nombrado presidente del Congreso de los Diputados sin un solo voto en contra. Sólo estuvo una legislatura, tiempo suficiente para que, ante la imposibilidad manifiesta de hacerse con el rectorado de la Complutense (harían falta casi dos décadas para que el centro-derecha perdiera el poder), urdiera la creación de la Universidad Carlos III, una institución de nuevo cuño que se ubicaría en los dos pueblos más importantes del llamado cinturón rojo de Madrid: Getafe y Leganés. Decir que la Carlos III ha sido una obra personalista de Peces-Barba no es una opinión, sino un hecho avalado (entre otros) por la increíble extensión del campus a la localidad de Colmenarejo, un pueblo de poco más de 1.500 habitantes que ha quintuplicado su población en dos décadas, uno de cuyos ilustres vecinos era entonces Gregorio Peces-Barba y cuya alcaldesa es Maribel Peces-Barba. Su hermana.

Desde su puesto como rector y catedrático de Derecho Moral y Político (un cargo contradictorio para un positivista) de su propia universidad, Peces-Barba mantuvo una distancia calculada con los últimos gobiernos socialistas de González y sólo recuperó el protagonismo en la vida pública cuando llegó al poder Zapatero, con quien no sólo comparte la visión iusnaturalista de que el hombre es un fin en sí mismo (el lema de la Carlos III es de Séneca: “El hombre es algo sagrado para el hombre”), sino que es mucho más permeable a los consejos de Peces-Barba.

Tanto es así que en 2004, cuando todo el empeño de Zapatero era acabar con ETA, el presidente le nombró Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Entonces se dijo, en recuerdo de su pasado como abogado de etarras en el proceso de Burgos, que el presidente había puesto “al zorro a cuidar de las gallinas”. No fue tanto.

La misión de Peces-Barba, en aquellos tiempos en los que Zapatero creía poder negociar con ETA un final pactado, era la desactivar a las víctimas para que no perturbasen el proceso. Así fue denunciado por Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, quien se negó airadamente a la pretensión de Peces-Barba de “ser generosos con los terroristas que están en las cárceles”.Tras la denuncia pública de Alcaraz, la inmensa mayoría de las víctimas del terror cerró filas en torno a él, lo que anulaba la misión de Peces-Barba.

Al mismo tiempo, y en otra prueba de cierta pérdida de rumbo, Peces-Barba llegó a asegurar en plena tormenta sobre la aprobación del matrimonio homosexual que la ponencia constitucional había dejado abierta la puerta a ese tipo de unión al no añadir “entre sí” al artículo 32 que dice que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio”. El resto de los padres constitucionales, abochornados por la torpe manipulación del socialista, señalaron que jamás se había discutido sobre el asunto, “y de ser así, me acordaría” (Herrero de Miñón).

Para rematar su reingreso disparatado a la primera línea política, Peces-Barba tuvo la idea de organizar (con la ayuda de María Antonia Iglesias) un homenaje a Santiago Carrillo, responsable de aquella matanza que, en otros, se cobró la vida de un teniente de la Guardia Civil que vivía en la misma casa que su padre. Se supone que aquello era una cena “sorpresa” (aunque para muchos, la sorpresa fuera que el de Paracuellos llevara su discurso escrito). El Alto Comisionado se apoderó de aquel homenaje y de los titulares de los periódicos al señalar en voz alta que en aquel acto estaban “los buenos y los menos buenos; los que no están son los malos”. Aquella distinción ética, que no académica, fue una sorpresa para muchos, pero desveló el auténtico rostro de Peces-Barba.

Dos años después, cesaba como Alto Comisionado y el Zapatero, certificando la naturaleza estratégica del nombramiento, decidió suprimir el cargo que dos años antes se había señalado que era “imprescindible y que perduraría durante décadas”.

En los últimos años, sin perspectivas de poder a corto plazo y sin ninguna necesidad de dedicarse a la familia (Peces-Barba fue un soltero sin compromiso femenino conocido o por conocer y tuvo un hijo, ya mayor, adoptado), las apariciones públicas del padre de la Constitución han sido escandalosas por anticlericales, antireligiosas (“no hay diferencia entre laicismo y aconfesionalidad”) y liberticidas, pero van dejando de serlo por recurrentes.

Su último empeño fue el de ser reconocido como el padre de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Su defensa, férrea, de una materia que choca de frente con el artículo 27 de la Constitución (pero que él no votó porque abandonó la ponencia), tiene mucho que ver con que él sea el autor de uno de los manuales de la asignatura, pero también porque es la consecuencia lógica del pensamiento socialista de Zapatero, el positivista, para quien la voluntad del legislador (léase: el legislador progresista) está por encima de todo y todo lo justifica.