¿Quién defiende la Constitución?








ABC.es /23.1.2013
Por María Jesús Cañizares


La Declaración de Soberanía de CiU, ERC e ICV ha sido aprobada en el Parlamento catalán con los votos de estas formaciones y uno de la CUP. La resolución impulsada por las fuerzas nacionalistas ha contado con 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones.

....La Declaración de CiU, ERC e ICV establece en su preámbulo la necesidad de que «el pueblo de Cataluña pueda determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo mediante una consulta». A continuación, manifiesta que «el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo».

Afirma que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». El texto otorga a la Cámara catalana «un papel principal en este proceso y, por tanto, se deberán acordar y concretar los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este principio». Contempla el diálogo «con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional», así como la utilización de «todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir».

....Por parte del PPC, su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, ha comenzado su intervención en castellano para decir que «hoy es un día triste». Esta legislatura, ha dicho, «empezó mal, pero acabará peor porque usted quiere dividir a la sociedad», al tiempo que ha aludido a la crisis interna de CiU y del PSC.

....Momentos después de que el Parlament votara declarar soberana a Cataluña, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha sido el primer miembro del Gobierno en pronunciarse sobre la decisión. Margallo ha minimizado la declaración de independencia al entender que «no tiene efectos jurídicos ni consecuencias prácticas inmediatas» y ha señalado que considera «extraordinariamente difícil» que el Gobierno pueda recurrir al Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento catalán mientras no se plasme en acciones jurídicas.


RECORDATORIO

"Juro/Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno /Ministro con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros".

La responsabilidad penal del Presidente y los demás miembros del Gobierno es exigible, en su caso, ante la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo.Si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.


Guillermo

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